La reforma protestante y las guerras religiosas que desangraron al continente por un siglo consolidaron regímenes parlamentarios en Inglaterra y Holanda, para ser seguidos más adelante por Francia, Alemania y los países nórdicos. Sólo quedaron bajo la égida católica y ortodoxa España, Portugal, Italia y Polonia, Grecia, Rusia y el este europeo.
El estado laico tiene como fundamentos la soberanía popular, la igualdad de sus ciudadanos frente a la ley, la garantía de los derechos humanos y civiles, la protección de las minorías y el imperio de la ley. Las religiones pueden ser ejercidas libremente, pero ninguna puede ejercer un dominio o influencia en detrimento de los ciudadanos o de otros credos. Los nacimientos, matrimonios, divorcios y los cementerios los regula la autoridad civil, que no religiosa. La educación y la salud son orientadas por la ciencia, no por la superstición. La educación sexual y procreativa son universales e impartidas por el Estado, siendo guiadas por nociones de salud pública. El aborto y la eutanasia son decisiones íntimas que pertenecen a los ciudadanos, en especial a las ciudadanas, los que no pueden ser desplazados por religiosos iracundos e ignorantes.
El legado hispánico de Colombia la colocó en la órbita del despotismo y del estado confesional. Acá no hubo aristocracia, pero sí unos hacendados con dominio sobre hombres y tierras, cuyo poder también ha sido legitimado por la Iglesia y el Partido Conservador, tendencias que se han fortalecido mucho en los últimos años.
El sistema de castas y esclavista español ha dejado profundas huellas en el cuerpo social colombiano, cruzado por la desigualdad. Demasiadas generaciones han sido mal educadas en el aplastamiento de la voluntad individual y en el temor hacia los pensadores prohibidos por el Vaticano o a discutir libremente con el apoyo de la ciencia.
Por más regímenes federalistas, repúblicas liberales o Estado Social de Derecho que hayamos tenido, el poder oscurantista de la Iglesia y de sus activistas nos devuelve a la caverna de la prohibición del deseo y al sufrimiento innecesario. Las mujeres colombianas deben arriesgarse a abortar bajo condiciones aberrantes porque la reacción religiosa les cierra las puertas de las clínicas, en desacato de la constitución y de las leyes.
Un procurador católico revive las acciones temerarias de Laureano Gómez, el mismo que nos llevó a la cruenta guerra civil de hace 60 años, para destituir a una senadora y suspender a un alcalde elegidos por el voto popular, que coinciden en ser opositores del conservadurismo. Logra además prohibir en la práctica el aborto.
Es espeluznante que las sentencias de la Corte Constitucional, que permiten el aborto en casos de malformación del feto, violación y amenaza de la salud de la madre, no hayan impedido que más de 300.000 abortos en Colombia se lleven a cabo en la insalubre clandestinidad. Una periodista archiconservadora llega a decir que el procurador defiende el derecho de los débiles que no han nacido todavía, cuando lo que ataca es el derecho de cada mujer a decidir en su fuero íntimo qué es lo mejor para ella y para su feto.
Ese fuero interno de los ciudadanos es el que en últimas defiende el estado laico.
Pór SALOMÓN KALMANOTIZ
Publicado en El Espectador, de Bogotá, lunes 16 de mayo de 2011.
